La instrumentalización de la migración en el debate sobre gentrificación: discursos de criminalización y estrategias de resistencia.
Cada ser individual va escribiendo una historia por los territorios que ha caminado.
Cada espacio que ha funcionado para descansar, ahora es un altar a la vida.
Cada persona que se encuentra en el camino, ahora es un hogar,
porque no hay nada mas calientito que el abrazo.
En los diversos procesos migratorios de movilidad humana, permean narrativas que distorsionan la comprensión de las realidades políticas, económicas, de género y climáticas por las cuales las poblaciones se movilizan, además nos encontramos en una Costa Rica que dia con dia fomenta las actitudes xenófobas y un panorama global que impone políticas restrictivas que perjudican la vida de las poblaciones migrantes.
En el último año , la gentrificación ha sido un tema ampliamente debatido a nivel global, esto ha permitido demostrar cómo este tipo de violencia ingiere en las comunidades y territorios. En Costa Rica, ha cobrado especial relevancia entre quienes habitan el país, ya que esta forma de violencia estructural afecta tanto a comunidades urbanas como costeras y es una realidad latente y dolorosa. Sin embargo, el debate sobre la gentrificación ha tomado un giro preocupante: se ha comenzado a instrumentalizar para culpar a las personas migrantes de la violencia y el encarecimiento de ciertos barrios, desviando la atención de las verdaderas causas de la gentrificación.
Ahora bien, para que entendamos las diferencias de los contextos, me centraré en la gentrificación desde tres aspectos clave: los recursos económicos, el engranaje político y el poder. Desde el punto de vista económico, la gentrificación depende de grandes inversores y fondos de inversión cuyo objetivo principal es adquirir tierras o bienes inmobiliarios a muy bajo costo. Este proceso, que busca maximizar las ganancias a través de la valorización de los terrenos, provoca de manera deliberada el desplazamiento de las comunidades locales. A menudo, esta violencia viene acompañada del fenómeno de la turistificación, en el que los barrios se transforman en destinos turísticos, perdiendo su identidad original y despojando a las personas que allí habitan de sus derechos.
En cuanto al engranaje político, la gentrificación no es un proceso casual, sino que está íntimamente ligado a decisiones políticas estratégicas y a las alianzas entre sectores, donde el Estado y los gentrificadores establecen pactos para intervenir en los territorios más codiciados. Para consolidar este acuerdo, se construye una narrativa manipuladora que presenta el proceso como un «mejoramiento urbano», vendiéndolo como una mejora para la ciudad, mientras criminaliza y estigmatiza a las personas empobrecidas que se ven afectadas por el desplazamiento.
En términos de poder, los gentrificadores, respaldados por grandes capitales financieros, tienen la capacidad de adentrarse en los territorios y reconfigurar no solo el espacio físico, sino también la identidad social y cultural de las comunidades. Este poder económico se ve reforzado por las alianzas políticas que ya poseen, creando así una jerarquización territorial donde las comunidades históricamente marginadas se ven despojadas de su derecho a habitar y pertenecer a esos espacios.
Es entonces el caso Costarricense, donde la retórica gubernamental ha reforzado narrativas de odio y xenófobas hacia las personas migrantes, como lo evidencia Rodrigo Chávez en la que sugirió que la migración impacta negativamente la economía y la seguridad ( https://youtu.be/) es importante tener en cuenta las diferenciaciones de estas dos vertientes. Sin duda un juego político de instrumentalización migrante.
El rostro migrante: desmontando el mito, discursos sobre territorialidad
A través de los discursos anti inmigrantes que escuchamos en el día a día se construyen imágenes de invasión con rostro migrante, estas narrativas funcionan como dispositivo de poder que regula el acceso al territorio y definen quien se considera legítima en un espacio, específicamente destacamos a Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos, quienes no son inocente en este proceso de criminalización hacia las personas migrantes, pues justifican el control fronterizo y la restricción, consolidando la violencia Estatal por medio de la noción de soberanía territorial.
Mientras que las personas migrantes son criminalizadas bajo el argumento de que amenazan la soberanía nacional al «invadir» territorios y «competir» por recursos, los gentrificadores y elites económicas no solo no enfrentan la misma criminalización, sino que su presencia es promovida y facilitada por el propio Estado, respondiendo a una lógica de poder en la que la soberanía no se define por la defensa del territorio en términos comunitarios o de justicia social, sino por la protección de los intereses económicos y políticos de quienes se presentan en el poder. En este sentido, la soberanía se convierte en una herramienta selectiva que justifica la exclusión de ciertos grupos mientras permite la apropiación territorial por parte de otros.
Entonces, ¿De qué manera el Estado opera para criminalizar la migración y al mismo tiempo facilitar la gentrificación?
La migración de poblaciones empobrecidas y racializadas es presentada como una amenaza y desestabilizador, mientras que el desplazamiento forzado provocado por la gentrificación es normalizado bajo discursos de «desarrollo» y «modernización». En este sentido el Estado, en alianza con el capital privado, despliega mecanismos de control (como leyes migratorias restrictivas y prácticas policiales punitivas) para regular el acceso de ciertas poblaciones, mientras fomenta la llegada de inversiones que expulsan a comunidades enteras. Así, la soberanía se instrumentaliza como un dispositivo de exclusión que no busca proteger a los territorios o a sus habitantes, sino garantizar la continuidad del orden económico neoliberal que privilegia el capital sobre la vida.
En este sentido, la criminalización de las personas migrantes no solo las despoja de su derecho a la movilidad, sino que también niega su derecho a habitar y construir un espacio. La construcción de los migrantes como amenazas al orden territorial responde a una lógica biopolítica en la que el Estado decide quién tiene derecho a la ciudad y quién es expulsado, perpetuando una estructura de poder que legitima la desigualdad.
Veamos República Dominicana, ha intensificado las deportaciones de ciudadanos y ciudadanas haitianas, alcanzando hasta 10,000 personas por semana:
Solo en la primera semana de octubre de 2024, más de 11,000 haitianos fueron repatriados, según datos del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Las autoridades justifican estas acciones alegando la necesidad de preservar la seguridad y estabilidad del país, mientras refuerzan la vigilancia fronteriza y las deportaciones masivas.
Las deportaciones masivas de personas haitianas desde República Dominicana no pueden analizarse sin considerar el profundo racismo estructural que ha caracterizado las relaciones entre ambos países, la narrativa oficial que justifica estas expulsiones se construye sobre la criminalización de/la migrante haitiana, representado como una amenaza para la seguridad, la economía y la identidad nacional dominicana. Esta visión, arraigada en una proceso de exclusión racial, legitima políticas de control migratorio que, en la práctica, funcionan como mecanismos de limpieza racial y xenofobia institucionalizada.
Mientras la migración de origen europeo suele ser tolerada e incluso promovida bajo el discurso del desarrollo y la inversión extranjera, la población haitiana es constantemente señalada como una carga para el Estado y una presencia indeseada. Las redadas en comunidades haitianas, la expulsión de niños y niñas nacidos en territorio dominicano y las deportaciones de mujeres embarazadas demuestran que estas políticas no solo responden a una cuestión migratoria, sino a una lógica de racialización que niega derechos básicos a quienes son percibidos como ajenos a la «dominicanidad».
Para algunas realidades migrantes, desarrollar formas de resistencia o autogestión es complicado porque el sistema les deja expuestos y expuestas a la precarización y propicia sobre elles, la violencia, les deja sin redes de apoyo y en condiciones de explotación extrema. Además, la falta de acceso a la dignidad las deja expuestas a la amenaza constante de desalojos, en estos casos, la criminalización del migrante se intensifica, ya que, al no tener herramientas para organizarse colectivamente, quedan más expuestos a la estigmatización y la persecución estatal bajo discursos de «ilegalidad» o «carga social».Además, estas violencias les deja sin espacios para la colectividad, el impacto psicosocial del desplazamiento se agrava, aumentando la desesperanza y el sentimiento de desarraigo.
Por otro lado, nos encontramos ante otras realidades migrantes, que a pesar de la criminalización, han desarrollado estrategias de resistencia para garantizar su permanencia y acceso a derechos en las ciudades, formando mercados comunitarios, colectividades, organizaciones y redes de apoyo autogestionadas que desafían la lógica de exclusión impuesta por las políticas represivas. Ejemplos de estas estrategias incluyen iniciativas como las cooperativas de vivienda organizadas por personas migrantes en Argentina, redes de apoyo mutuo en México y experiencias de ocupaciones en Brasil. En Costa Rica, colectivos migrantes han promovido espacios de encuentro y redes de trabajo solidarias que permiten a las personas migrantes acceder a recursos básicos sin depender de estructuras gubernamentales que los excluyen.
La confusión entre migración y gentrificación no es inocente ni casual; es una estrategia discursiva que desvía la atención de los verdaderos responsables del desplazamiento, mientras que la migración es consecuencia de condiciones estructurales que obligan a las personas a moverse en busca de mejores oportunidades o protección. Igualar ambos fenómenos alimenta discursos xenófobos que justifican políticas restrictivas y criminalización de personas migrantes.Culpar a las personas migrantes de un proceso del que ellas mismas son víctimas fortalece discursos de exclusión y permite que el mercado y el Estado continúen operando sin rendir cuentas. La lucha contra la gentrificación debe dirigirse hacia quienes concentran el poder económico y político, no hacia quienes, en su búsqueda de sobrevivencia, terminan siendo instrumentalizados como dispositivos de legitimación de la violencia.
Por: Génesis Herrera, socióloga migrante nicaragüense.
